Por Wilder Páez
Haití ha llegado a un punto en el que su crisis política, económica y social obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Cómo puede una nación recuperar la estabilidad cuando amplios sectores de su territorio están sometidos al control de bandas armadas, los servicios públicos son insuficientes y millones de ciudadanos viven sin las condiciones mínimas para desarrollar una vida digna? Ante semejante panorama, surge una idea polémica: ¿necesita Haití una dictadura benefactora, un poder central fuerte capaz de imponer el orden y reconstruir las bases de la convivencia?
La realidad haitiana refleja una profunda debilidad institucional. La inseguridad, la proliferación de grupos armados, la precariedad de los servicios básicos y la falta de oportunidades han contribuido a deteriorar la confianza de la población en el Estado. En determinadas comunidades, las bandas ejercen un control que debería corresponder a las autoridades legítimas. Mientras tanto, la basura se acumula en espacios públicos, la infraestructura se deteriora y las necesidades esenciales de la ciudadanía continúan sin respuestas suficientes.
En medio de ese escenario, muchos podrían concluir que Haití necesita un gobernante que concentre el poder, imponga reglas estrictas y obligue a la población a respetar la ley. Un dirigente capaz de enfrentar a las bandas, recuperar los territorios bajo su dominio, garantizar la limpieza de las ciudades, fortalecer la recaudación fiscal y establecer una administración pública que funcione. La idea de una autoridad firme resulta atractiva cuando el desorden parece haberse convertido en parte de la vida cotidiana.
Sin embargo, el problema de Haití no puede reducirse a la conducta de sus ciudadanos. No sería justo afirmar que toda la población se niega a pagar impuestos o que la sociedad haitiana es responsable, en su conjunto, de la crisis que padece. En un país donde el Estado tiene dificultades para garantizar seguridad, justicia y servicios públicos, la evasión fiscal también debe analizarse en el contexto de la informalidad económica, la pobreza y la falta de confianza en las instituciones. Para exigir obligaciones, el Estado también debe ofrecer derechos y resultados.
Una dictadura puede imponer obediencia, pero no necesariamente construye una nación. La historia demuestra que la concentración del poder sin controles puede desembocar en corrupción, persecución, abusos y enriquecimiento de pequeños grupos. Un gobernante que promete limpiar las calles y combatir la delincuencia puede terminar utilizando esas mismas promesas para silenciar a quienes cuestionen sus decisiones. La diferencia entre autoridad y autoritarismo reside, precisamente, en los límites que se imponen al poder.
Por eso, si la expresión «dictadura benefactora» pretende describir un gobierno con capacidad real para imponer el orden, combatir el crimen y ejecutar reformas profundas, convendría separar esas aspiraciones del concepto de dictadura. Haití necesita instituciones con autoridad, no necesariamente un hombre con poder absoluto. Necesita una policía profesional, una justicia independiente, una administración pública eficiente y un sistema tributario que permita financiar los servicios que reclama la población.
También necesita una estrategia nacional que devuelva la seguridad a los barrios, recupere las vías públicas, garantice la recogida de residuos, promueva el empleo y reconstruya la confianza ciudadana. El cumplimiento de la ley debe ser una obligación para todos: para el ciudadano que infringe las normas, para el empresario que evade impuestos, para el funcionario que desvía recursos y para el grupo armado que pretende sustituir al Estado mediante la violencia.
El gran desafío consiste en construir un poder público capaz de actuar con firmeza, pero sometido a la ley. Un gobierno que no negocie la soberanía nacional con las bandas criminales, que no tolere la corrupción y que tampoco convierta la represión indiscriminada en una política de Estado. La seguridad debe ir acompañada de educación, salud, infraestructura y oportunidades económicas, porque ningún país puede sostener la estabilidad únicamente mediante el miedo.
Haití necesita una transformación profunda. Necesita liderazgo, disciplina institucional, autoridad legítima y una ciudadanía que pueda cumplir sus deberes porque cuenta con un Estado que garantiza sus derechos. La nostalgia por un gobernante todopoderoso puede ser comprensible ante el agotamiento colectivo, pero la solución duradera no consiste en entregar el destino de millones de personas a la voluntad de un solo hombre.
Haití necesita un Estado que se haga respetar, no un dictador al que nadie pueda cuestionar. La verdadera reconstrucción comenzará cuando la ley sea más poderosa que las bandas, las instituciones sean más fuertes que los intereses particulares y el poder público esté al servicio de la gente. Ese es el camino para recuperar el orden sin sacrificar la libertad y para construir una nación en la que la autoridad no dependa de la voluntad de un hombre, sino de la fortaleza de sus instituciones.