SANTO DOMINGO.- Hay gran expectativa entre abogados e imputados en el denominado caso Calamar, en torno al fallo que dará a conocer este viernes 29 de mayo la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez.
La magistrada Ramírez dará el fallo de la audiencia preliminar a las 3:00 de la tarde, donde decidirá si envía a juicio de fondos a los imputados en el caso Calamar, donde figuran los exministros de Hacienda, Obras Públicas y de la Presidencia, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
El proceso judicial lleva más de cuatro años en los tribunales y pasó por las manos de cuatro juezas en su etapa preliminar. Se inició en el 2021, por lo que de acuerdo a las leyes y a la Constitución de la República, se extinguió el pasado mes de febrero de 2026.
De acuerdo a un documento entregado a El Nuevo Diario, la presente Administración del presidente Luis Abinader se inició con una amplia persecución judicial, en su primera etapa en contra de parientes del ex presidente Danilo Medina, incluyendo sus hermanos, luego a asistentes cercanos, sobre todo de su entorno de seguridad y más tarde, en contra del PLD a través de quien fuera su candidato presidencial en las elecciones del 2020 en las que obtuvo un 37% sacándolo de competencia en el torneo del 2024.
Explica que esta “estrategia que muchos califican como law y warfare (lawfare) que no es más que el uso del sistema judicial para persecución política no se veía en el país desde que Joaquín Balaguer lo hiciera con Salvador Jorge Blanco, pero ahora incluyó la persecución de la familia de los dirigentes, algo inédito en nuestra historia se basó en el prestigio de la magistrada German, quien terminó su periodo sin muchas luces”.
Agrega que el “apoyo masivo inicial venía también de la mano de la marea verde del Caso Odebrech que terminó con absolución en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional, esta alta aprobación luego de los espectáculos iniciales de allanamientos y detenciones, se ha ido diluyendo tras verse la retransmisiones de los juicios en que ha sido evidente la carencia de pruebas para fundar las imputaciones, las manipulaciones de testigos y las frecuentes violaciones de las garantías procesales, sobre todo porque los abultados expedientes por exceso de papeles intrascendentes, todos, alcanzaron la duración máxima del proceso y según todas las opiniones jurídicas, deben ser declarados extinguidos.
Afirma que el Gobierno, según todas las encuestas,” ha ido perdiendo apoyo popular y también el ministerio Público no sólo por la debilidad de los procesos, sino en particular, por sus propios escándalos protagonizados por miembros que se han dado a la tarea de espiar los teléfonos y colocar micrófonos en despachos de sus compañeros, usar propiedades retenidas de particulares y, la última, requerir dinero para el manejo de expedientes, como en el caso Senasa”.
“Todos los casos han sido seguidos por la prensa en las salas de audiencia y por la ciudadanía a través de las redes y la televisión y, muchos han quedado impactados de la falta de sustento de los expedientes acusatorios hasta el punto de que, en uno de ellos, Calamar, la fiscalía pidió el envío a juicio hasta con una servilleta sucia”, agrega.
Expresa que en el curso de “las exposiciones quedaron al desnudo actuaciones del Ministerio Público que, en cualquier país constituirían desviación de poder, como la colocación de oposiciones sin orden judicial, la introducción de pruebas ilegalmente, la presión a través de amenazar a los familiares de los investigados y, el uso de bienes privados por parte de funcionarios del Gobierno o el desacato a sentencias de esa misma jueza que dirige el proceso”.
Sostiene además, que durante el proceso de investigación las autoridades incautaron a los imputados y sus familiares y bienes inmuebles, así como más de 90 vehículos, los cuales el Ministerio Público se ha negado a entregar a pesar de varias sentencias ordenando la devolución de muchos de esos bienes.
Sin embargo, “quizás el clichet más notorio, utilizado por los acusadores fue el de que las propiedades habían sido obtenidas con dinero proveniente del lavado de activos, delito que convierte en leprosos sociales y empresariales a cualquier imputado: en el tribunal se presentaron más de ciento títulos de propiedad, todas obtenidas antes del periodo de investigación, la mayoría de ellas con títulos de hasta 40 años atrás y todas registradas en impuestos internos”.
Recordó que para “perseguir en justicia hay que hacerlo dentro de la legalidad de la ley, no es justicia cuando en la cacería de brujas se violan las garantías y el investigador excede los límites de la ley, lo contrario es prevaricación judicial, tanto si lo comete la fiscalía, como si lo hace el Juez que es un crimen que se tipifica cuando el juez no aplica la ley como ella establece.
