Que un presidente de la República decida destituir a un funcionario tras el ruido provocado por un reportaje periodístico es una determinación personal y, como tal, respetable. No obstante, la aniquilación moral de ese funcionario en las redes sociales y en la opinión pública poco tiene que ver con la veracidad comprobada de los hechos.
El periodismo responsable expone información, aporta evidencias y despierta el debate público, pero no sustituye a la justicia. Cuando en un reportaje se presentan indicios o pruebas, es imprescindible conceder el derecho a la defensa. Solo después de un proceso legal, con un dictamen firme, la sociedad puede —si así corresponde— emitir un juicio moral. Antes de eso, cualquier condena pública es prematura y peligrosa.
Las leyes están escritas y, aunque persistan dudas y desconfianza sobre el sistema de justicia dominicano, es ese poder del Estado —y no el tribunal de las redes— el llamado a decidir la suerte de una persona. Saltarse ese proceso es abrir la puerta al linchamiento social y a la injusticia.
En mayo de 2025, el segundo tribunal colegiado de República Dominicana declaró “sentencia absolutoria” a favor de la venezolana Karla María Moya Boada y a la entidad social “Láser Point Rejuvenation Center”, que lleva su nombre, luego que saliera una invitestigación de Nuria Piera, en la que se le acusó de ejercer la medicina sin estar autorizada en el país.
La sentencia fue definitiva por ser la segunda de descargo a favor de la acusada.
Ahí está el caso del exadministrador de la Lotería Nacional, Michel Dicent, quien fue absuelto por la justicia dominicana tras un proceso en el que fue eliminado social, política y moralmente, mucho antes de que se conociera una sentencia.
Algo similar ocurre con Rafael Feliz, exrector del ITLA, a quien no se le ha dado la oportunidad de defenderse ante la opinión pública. Para muchos ya es culpable, un ladrón sentenciado sin juicio, cuando el Ministerio Público aún no ha concluido su investigación y no existe una decisión judicial.
Así vivimos en una sociedad que vibra intensamente en la era de la información inmediata, donde la presunción de inocencia suele perderse entre titulares, comentarios y juicios apresurados. Solo cuando el problema toca nuestra propia puerta exigimos prudencia y justicia; mientras tanto, para los demás, el veredicto suele ser implacable.
El periodismo informa e investiga. La justicia juzga. Confundir esos roles nos coloca a todos en riesgo.
Por Wilder Páez